La propuesta de Ley de Cámaras, consensuada por las 13 Cámaras de Comercio de Cataluña, se ha entregado en el Parlamento de Cataluña a los principales grupos parlamentarios que apoyarán la aprobación del texto.
El Presidente del Consejo General de Cámaras de Cataluña, Josep Santacreu, ha celebrado el amplio apoyo de la propuesta de Ley, que ha definido como «una propuesta de consenso que pondrá punto y final a más de diez años en la que Cataluña no ha dispuesto de una ley autonómica propia para regular las Cámaras de Comercio». Santacreu ha asegurado, en este sentido, que con esta norma «no sólo ganarán las Cámaras de Comercio, sino el conjunto de la economía».
El encuentro ha contado también con la participación de Jaume Fàbrega, Presidente de la Cámara de Girona; Ramon Alberich, Presidente de la Cámara de Sabadell; Jaume Saltó, Presidente de la Cámara de Lleida; Laura Roigé, Presidenta de la Cámara de Tarragona; Silvia Gratacòs, Presidenta de la Cámara de Manresa; Pol Fages, Presidente de la Cámara de Palamós; Mario Basora, Presidente de la Cámara de Reus; Albert Sibils, Presidente de la Cámara de Sant Feliu de Guíxols; Francesc Faiges, Presidente de la Cámara de Tortosa; Josep Maria Rovira, Presidente de la Cámara de Valls, y Jordi Rodríguez, Vicepresidente tercero de la Cámara de Terrassa. También han participado Carme Martinell, Directora Gerente del Consejo General de Cámaras de Cataluña; Narcís Bosch i Andreu, Adjunto a Dirección del Consejo, y Eduard Borràs, Secretario del Consejo.
La Ley de Cámaras permitirá, en primer lugar, adaptar la normativa catalana a la Ley básica estatal de Cámaras de Comercio de 2014. Desde ese año, Cataluña ha sido una de las pocas comunidades autónomas que no ha contado con una ley cameral actualizada y se ha regido por una regulación anterior, que quedó obsoleta. La Ley de Cámaras permitirá, pues, reforzar institucionalmente a Cataluña y el apoyo al crecimiento social y económico, así como la colaboración entre las administraciones públicas y el sector empresarial en un contexto global complejo.
La Ley de Cámaras también introducirá algunas novedades. Por un lado, se perfilarán mejor las funciones públicas de las Cámaras, especialmente en relación con la representación y su relación con las administraciones públicas y definirá los instrumentos de colaboración.
En concreto, el texto reconoce a las Cámaras como órganos consultivos, de representación y de colaboración con las administraciones que representan, promueven y defienden los intereses generales del comercio, la industria, la navegación y los servicios. Este rol de representación se materializará a través de las comisiones y grupos de trabajo que integran las Cámaras y la participación en entidades. También promoverá la creación de planes camerales, con el objetivo de apoyar el desarrollo de las empresas catalanas mediante la colaboración con las administraciones públicas. En materia de financiación, la normativa establece un convenio por un importe progresivo de 3 millones para 2026, 5 millones para 2027 y 7 millones para 2028.
En conclusión, la Ley de Cámaras servirá de base para desarrollar con mayor garantía la misión histórica de las cámaras de comercio de representación de los intereses generales de la economía, apoyo al desarrollo de las empresas y colaboración con el sector público. Así, permitirá impulsar y mejorar la prestación de servicios en las empresas en ámbitos como la sostenibilidad, la innovación, la internacionalización y la economía digital. También supondrá un impulso extra a la representación de sus intereses en todos los ámbitos que sean competencia de las Cámaras.