Lucile Houellemont, Presidenta de la Cámara de Santo Domingo y Víctor Montás, Presidente de la Cámara San Cristóbal
Ante la necesidad de contar con las herramientas necesarias para la facturación electrónica, la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo y la Cámara de Comercio y Producción de San Cristóbal, suscribieron un acuerdo para que esta última ofrezca a los usuarios de su provincia la posibilidad de adquirir los certificados de la firma digital cualificada Digifirma a través de un enlace en su portal web.
La Cámara de Santo Domingo, que ofrece el servicio de Digifirma desde 2016, destacó que este tipo de certificado permite a las empresas y a los profesionales eficientar sus operaciones, pues facilita la firma de cualquier transacción económica o jurídica sin necesidad de uso de papel o desplazamientos, y además es indispensable para la facturación electrónica impulsada por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) de República Dominicana.
El acuerdo fue suscrito por Lucile Houellemont, Presidenta de la Cámara de Santo Domingo, y por Víctor Montás, Presidente de la Cámara San Cristóbal. Gracias a esta alianza, los usuarios en San Cristóbal podrán recibir orientación sobre la firma digital en la Cámara de esta provincia y tendrán la opción de solicitar la emisión de Digifirma a través de un enlace de su página web, con una vigencia de uno o dos años.
Existen tres perfiles de firma digital cualificada. El de mayor demanda es el certificado para fines tributarios, que se emite para personas físicas en representación de una empresa y permite emitir factura electrónica ante la DGII. También existen certificados de Digifirma para ejecutivos o colaboradores de una institución (perfil institucional o corporativo) y para personas físicas sin vinculación institucional.
La firma digital cualificada de la Cámara de Santo Domingo está amparada por la Ley 126-02 sobre Comercio Electrónico, Documentos y Firma Digital. Esto significa que tiene el mismo valor jurídico que una firma manuscrita y garantiza su admisibilidad ante cualquier entidad pública o privada.